MOCRI CNPA MN - DIFUSIÓN

México, D. F. a 11 de Agosto de 2015.

A la opinión pública

A los medios de comunicación

A las organizaciones campesinas e indígenas

A los sectores progresistas de México

A los pueblos del mundo que luchan por su libertad e independencia

 

El pasado 09 de Agosto, se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; los indígenas y campesinos que conformamos la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) esperábamos un compromiso serio del gobierno mexicano en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Lamentablemente, más allá del anuncio del programa Banderas Blancas, cuyo objetivo es reducir – supuestamente - el rezago en materia de agua potable, drenaje y electricidad en localidades indígenas de más de 100 habitantes, aunque cuando recurrimos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a solicitar resuelvan demandas de ese carácter, señalan que ya no hay recursos económicos y siempre es la misma respuesta, observamos el nulo compromiso del ejecutivo y del estado mexicano en general con los derechos de los pueblos indígenas.

Después de imponer por la vía parlamentaria las denominadas reformas estructurales y en particular la energética y sus leyes secundarias, por medio de las cuales sientan la base legal para el saqueo de la riqueza nacional en favor de particulares, ahora están por sentar aún más la base legal para el despojo de las tierras de indígenas y campesinos mediante una nueva reforma agraria “que dé certeza legal” a los inversionistas quejosos.

El estado mexicano se ha ocupado y preocupado en dar certeza legal a los inversionistas privados nacionales y extranjeros, pero no se ocupa ni preocupa en materializar los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En efecto, a pesar de que la reforma constitucional del 2011 al artículo Primero sobre Derechos Humanos, que les otorga rango constitucional a los Tratados y Convenios Internacionales; a pesar de que el estado mexicano es firmante del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que refiere sobre los pueblos el derecho indígena a la consulta; a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace de observancia obligatoria la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( SCJN, 2013); a pesar de que en el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación establece en su línea 1.5.3 el compromiso de “impulsar la armonización del marco legal nacional con los Tratados Internacionales en materia indígena”; esto, mediante la participación indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley, que permitan la armonización legal; y a pesar, de que el presidente Enrique Peña Nieto ha comprometido en foros internacionales armonizar la constitución con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, simple y llanamente esto no ha sucedido, pues eso implica legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas, concretar una Ley de Consulta Indígena y establecer un Protocolo para el Consentimiento Previo, Libre e Informado para cualquier actividad, proyecto, medida legislativa o administrativa que pueda afectar a los pueblos indígenas.

Y lo peor de todo, es que el gobierno mexicano no tiene la más mínima voluntad real de poder concretar y avanzar en este tema, lo cual ha quedado de manifiesto en las diferentes reuniones que se han tenido con el subsecretario de Gobernación, Lic. Luis Enrique Miranda en el marco del movimiento “El Campo Es De Todos” en la búsqueda de un acuerdo social y productivo para el campo, pues ven a los pueblos indígenas como un obstáculo para el desarrollo del país y por lo tanto, señala que los indígenas tienen derecho a opinar, pero nada más, quitándole el carácter vinculante a sus decisiones.

Y esa visión la comparte plenamente con el Consejo Coordinador Empresarial que a través de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani señala lo siguiente:

“En aras de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones privadas en los sectores energético y minero, incluso en proyectos de agua, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pretende que las consultas a los pueblos indígenas no sean vinculantes, es decir, obligatorias.

Trabajamos para garantizar la certidumbre jurídica en los registros públicos de la propiedad y tenencia de la tierra, así como en la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en las reformas, como la energética, para que no sea vinculatoria y no nos obstruya los programas de inversión que tenemos, enfatizó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, en un encuentro con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México (USEM)” (Tomado del periódico La Jornada Viernes 17 de abril de 2015, p. 18 http://www.jornada.unam.mx/2015/04/17/politica/018n3pol)

Por lo tanto, no nos extrañaría, que el día de mañana que sigamos exigiendo los indígenas y campesinos de éste país la armonización de la legislación nacional con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que implica la obligatoriedad del gobierno a realizar la consulta a los pueblos indígenas, se lance una campaña por todos los medios de común acuerdo el gobierno y los empresarios contra éste derecho de los pueblos indígenas, que no implica el atraso del desarrollo nacional sino la democratización de la toma de decisiones.

Así como de común acuerdo el gobierno y los empresarios agrupados en “Mexicanos Primero” hoy satanizan y linchan mediáticamente al magisterio democrático aglutinados en la CNTE porque exigen se les respeten sus derechos, sin duda lo harán contra el movimiento indígena y campesino del país a través del Consejo Coordinador Empresarial u otro instrumento, porque para ellos lo importante es quitar y/o eliminar la voz disidente, pues nos ven como obstáculo, no para el desarrollo nacional, sino para sus perversos y particulares intereses.

No obstante, seguiremos insistiendo en la necesidad de materializar los derechos de los pueblos indígenas y para ello es importante, entre otros elementos igualmente importantes: Armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos;  concretar una Ley sobre el derecho de los pueblos indígenas, concretar una Ley de consulta para comunidades indígenas, que contemple la creación de la figura del Ombudsman con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios para la realización de las consultas a comunidades indígenas a través de la aplicación de un protocolo para el consentimiento previo, libre e informado con carácter vinculante.

 

Sin duda, ha habido algunos avances en materia de Derechos Humanos, lamentablemente hay sectores del estado y sus aliados empresariales quienes tienen fuertes resistencias a que los Derechos Humanos se sigan consolidando en el país, en ese sentido, es importante mencionar que la SCJN da un paso importante en ésta materia con la emisión del “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura” publicado recientemente en el que se reconoce la obligatoriedad del estado mexicano a la realización de la consulta, y entre otros aspectos importantes, señala por ejemplo, que “Una Manifestación de Impacto Ambiental no puede ser aprobada por la SEMARNAT si no se lleva a cabo el procedimiento de consulta, solicitado por alguna persona o grupo, de acuerdo con la ley”; así como también que “… en el último Examen Periódico Universal en que se evaluó a México, una de las recomendaciones que se le formuló fue la de garantizar que se celebren consultas plenas y efectivas con los pueblos indígenas sobre las políticas y proyectos económicos y de desarrollo que les afecte (recomendación 148.166), la cual fue aceptada por el gobierno mexicano”.

Por lo anterior, EXIGIMOS al gobierno federal no postergar más la armonización de la constitución con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y realizar un diálogo efectivo con las organizaciones indígenas y campesinas del país para la materialización de éste tema tan importante, así como para arribar a un acuerdo social y productivo que siente bases para sacar del atraso social a millones de familias campesinas e indígenas.

 

Atentamente

Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN)

 

¡Zapata vive, la lucha sigue!

¡Con preso políticos, no hay democracia!

¡Ley de consulta, YA!

¡Consentimiento previo, libre e informado!

¡No a la imposición de megaproyectos depredadores!