México,
D. F. a 24 de Septiembre de 2015
A la opinión pública
A los medios de
comunicación
A las organizaciones
democráticas e independientes
A los organismos
nacionales e internacionales defensores de derechos humanos
A
casi un año de la tragedia de Iguala, Guerrero en que fueron
agredidos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa,
ubicada en el municipio de Tixtla de Guerrero en el estado de Guerrero que dio
como resultado el asesinato de Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava
y Julio Cesar Mondragón estudiantes de la normal, así como los c. Víctor Manuel
Lugo Ortiz (chofer de un autobús), Daniel Josué García Evangelista (joven de 15
años integrante del equipo de futbol los avispones de Chilpancingo) y la señora
Blanca Montiel Sánchez (viajaba en un taxi) civiles que circulaban en los
lugares de la agresión, 25 heridos, además de la detención – desaparición de 43
jóvenes estudiantes, no solamente no hay
justicia, sino que se ha pretendido por parte del Gobierno Federal imponer una
verdad histórica diseñada para ocultar el terrorismo de estado y el crimen de
lesa humanidad que cometieron los tres niveles de gobierno en los
lamentables hechos.
Inmediatamente
después de los acontecimientos, el Gobierno Federal se deslindó de la
responsabilidad de intervenir para el esclarecimiento del caso a pesar de la
gravedad de lo ocurrido bajo el argumento que se trataba de un asunto local que
debía ser investigado por las autoridades ministeriales estatales, fuera del ámbito de sus responsabilidades aunque se
usaron armas de grueso calibre contra los estudiantes y demás personas
agredidas. Ante el pronunciamiento de la ONU, la OEA, La Unión Europea y el
Gobierno de Estados Unidos hacia el Gobierno Mexicano de que investigara los
hechos fue como después de 10 días finalmente aceptó atraer el caso y retomar
las investigaciones para supuestamente llevar a los responsables materiales e
intelectuales ante la justicia, ante la exigencia de la opinión pública
nacional e internacional.
Desde el primer
momento, la Procuraduría General de la República (PGR) justificó la agresión a
los estudiantes señalando que iban a protestar en el informe de la señora María
de los Ángeles Pineda (Presidenta del DIF del municipio de Iguala, Guerrero),
es decir, desde entonces quisieron imponer que el móvil del crimen es el
sabotaje al evento de la entonces Presidenta del DIF, lo cual al paso del
tiempo ha quedado demostrado que es completamente falso, pues como informaron
recientemente los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los muchachos llegaron a la
ciudad de Iguala, Guerrero casi una hora después de que ésta persona había
terminado de dar su informe y fueron a dicha ciudad en auxilio de sus
compañeros que habían ido a dejar pasajeros de un autobús de común acuerdo con
el chofer a la terminal de autobuses, las autoridades lo sabían, pues en todo
momento los tres niveles de gobierno mediante el sistema de comunicación
denominado C-4 sabían con exactitud en dónde estaban y qué hacían los jóvenes
estudiantes.
También en un afán de
deslegitimar la lucha de los normalistas sostuvieron de manera reiterada
la teoría de que los estudiantes eran parte de un grupo
del narcotráfico contrario a los denominados Guerreros Unidos y con ello justificar el uso excesivo de la
fuerza, la tortura y la detención - desaparición de los estudiantes
normalistas.
El 27 de Enero de
2015, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam proclamó lo
que denominó la “verdad histórica” pretendiendo dar carpetazo al caso y
reduciendo todo a un simple ataque del grupo delincuencial Guerrero Unidos al señalar que el móvil
de los asesinatos fue que los estudiantes fueron señalados por integrantes del
grupo criminal Guerreros Unidos de
pertenecer a la banda rival de Los Rojos,
evitando en todo momento reconocer la participación del ejército, la policía
federal y la policía estatal en la agresión y sobre todo para evitar hablar que
en la desaparición forzada de los estudiantes participaron los tres niveles de
gobierno, lo cual se configura como terrorismo de Estado y crimen de lesa
humanidad.
Ese mismo día, el ex procurador descartó totalmente que el
ejército hubiera tenido conocimiento de los hechos y de que hubiera participado
en los mismos, incluso el ex titular de la PGR dijo contundentemente que el
ejército sólo recibe órdenes (lo cual es cierto y las recibe de su estado
mayor), es importante saber entonces qué orden u órdenes recibieron los
militares acantonados en Iguala, Guerrero, específicamente el Batallón 27
durante los acontecimientos del 26 y 27 de Septiembre de 2014 ¿Qué se hicieran
de la vista gorda? ¿Qué asesinaran y/o desaparecieran a los estudiantes y no
dejaran rastros de ello? En el mejor de los casos para el gobierno los
militares fueron omisos. Sin embargo, por qué negarse a que los militares de
dicho batallón sean entrevistados por los expertos del GIEI ¿Qué esconden? ¿Por
qué acudir a argucias legaloides cuando todo un país clama verdad y justicia?
El hecho de que no
incluyeran en las investigaciones ministeriales el denominado 5º autobús,
implica que quisieron esconder deliberadamente que en autobuses se trafica
heroína (droga sintética) ¿Por qué lo omitieron, se descubriría que hay una red
nacional e internacional de tráfico de drogas en donde hay involucramiento de
las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno? Llama la atención que la
PGR como instancia investigadora no tomará en cuenta ese autobús.
El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), concluyó entre otros
puntos, lo siguiente: Que los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa no son parte del crimen
organizado, no fueron a Iguala a boicotear el informe de María
de los Ángeles Pineda (ex presidenta del DIF del municipio de Iguala, Guerrero)
ni fueron
incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero. También concluyeron que los
tres niveles de gobierno tuvieron conocimiento en tiempo real de lo que estaba
aconteciendo a través del C-4, incluyendo el ejército a través de su propio
personal de inteligencia militar. Por ello, es importante saber quién coordinaba
y daba las órdenes en el C-4.
A las familias
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos – desaparecidos expresamos
nuestra más alta estima, nuestro total respeto y solidaridad para con la causa
de encontrar a sus seres queridos con vida, una exigencia que hacemos nuestra,
y que a pesar de su dolor, coraje, incertidumbre e impotencia, no han cejado en
la lucha por exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas; a
pesar de que desde el Gobierno Estatal y Federal les quisieron comprar y
dividir para dejar la búsqueda de sus seres queridos, NO sucumbieron, y a un
año de los lamentables acontecimientos han sabido generar conciencia a un
pueblo que clama por la verdad y la justicia. A los jóvenes estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa nuestro más amplio reconocimiento, son ejemplo de
lucha, de unidad y lealtad a los ideales de justicia y libertad, son ejemplo de
que la solidaridad hermana las luchas del pueblo.
Hay quienes se
comportan como instrumento del gobierno, con sus declaraciones buscan evitar que se conozca la verdad y se localice a los jóvenes
desaparecidos, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización
Alto al Secuestro, es un ejemplo de
ello al exigir que se retire el GIEI del caso Ayotzinapa, es un caso más de
cómo desde el gobierno se acuerda o da instrucciones a sus aliados orgánicos
para atacar a los opositores, similar al ataque del grupo Mexicanos primero contra los maestros de la CNTE, similar al ataque
a los pueblos indígenas por parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Gerardo Gutiérrez Candiani de
que no se haga la consulta a los pueblos indígenas del país para el
establecimiento de megaproyectos a pesar de que es una obligación del Estado
mexicano.
Por lo
anterior, EXIGIMOS que:
1. Se ratifique por tiempo indefinido la participación en el
caso Ayotzinapa al Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) hasta encontrar la verdad y se logre la justicia.
2.
Se amplíen las líneas de investigación
ante las inconsistencias en la investigación realizada por la PGR.
3. Se permita al GIEI entrevistar a los
militares del batallón 27 con sede en Iguala, Guerrero.
4.
Procesen al
Lic. Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, declare y sea castigado por
manipular intencionalmente las
investigaciones.
5.
Se investigue
a la cadena de mando del ejército, la policía federal y la policía estatal
encargada de tomar y trasmitir las órdenes en el estado de Guerrero.
6.
Se investigue
a quién o quiénes daban las órdenes a través del sistema de comunicación C-4 y
deben ser citados a declarar judicialmente y ser entrevistado (s) por el GIEI
7.
Se aplique el
protocolo de Estambul a quienes dijeron participar en los hechos y determinar
si sus declaraciones fueron obtenidas mediante la tortura.
8. Justicia para los jóvenes normalistas asesinados (Daniel
Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Julio Cesar Mondragón), así como
para los civiles asesinados Víctor Manuel Lugo Ortiz, Daniel Josué García y la
señora Blanca Montiel Sánchez.
ATTE. Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento
Nacional (CNPA MN)
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