INTERVENCION DE LA SENADORA ROSARIO IBARRA EN LA CAMARA ALTA DEL SENADO EL DIA JUEVES 08 DE ABRIL DE 2010 DONDE MENCIONA LA "CELADA" QUE LE PUSIERON AL COMPAÑERO FRANCISCO JIMENEZ PABLO
-LA C. SENADORA MARIA DEL ROSARIO YBARRA DE LA GARZA: Gracias.
Señoras y señores Senadores:
Lamentablemente la sensibilidad política de la Mesa Directiva le llevó a extender el turno de esta importante minuta, solamente hasta un punto que olvidó incluir a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ello, a pesar de que la minuta que viene de la Cámara de Diputados, originalmente lo es de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Derechos Humanos de la Colegisladora.
A pesar también de la historia de los antecedentes de este tema, como se recoge en el capítulo correspondiente del texto que nos ocupa en que, permanentemente se incluyó, aunque fuera sólo para opinión, a la Comisión de los Derechos Humanos.
Me veo obligada, por tanto, a pronunciarme, aunque sea en lo general, sobre el dictamen, conciente de la dificultad para influir ya a estas alturas en su contenido; lo hago obligada, no sólo por mi compromiso e interés personal en el tema o por el compromiso institucional que se deriva de mi carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sino que más allá de un protagonismo inútil, tengo también el compromiso adquirido con organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas, que incluso, en su momento fueron convocados por el Congreso a opinar sobre una...
(Sigue 15ª. Parte)
...adquiridos con organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas, que incluso, en su momento, fueron convocados por el Congreso a opinar sobre una necesaria reforma integral a los derechos humanos en el nivel constitucional.
Después de meses de trabajo en foros y seminarios, con la colaboración también de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se obtuvieron importantes resultados.
Apoyado en esas conclusiones, es que me permití, en su momento, presentar un proyecto de iniciativa de reforma constitucional, como reconocen los antecedentes de la presente minuta.
Este debate ocurre en un contexto de violencia, y en un momento crítico de terrible descomposición social y política, marcado por la militarización del país y las recurrentes violaciones a derechos humanos.
Ocurre también con la existencia de instituciones, pretendidamente dedicadas a la protección de derechos humanos, incapaces de hacerlo y sin real autonomía con respecto al poder, al que deberían, en primer lugar, de vigilar.
En un momento, en que como se ha denunciado aquí, se extiende la inhumana práctica de criminalizar la protesta social.
En que oficinas, como la del secretario de Gobernación, dice, preocuparse por el llamado de atención, que desde Ginebra se expresa por el retraso de México en realizar esta reforma constitucional de derechos humanos. Y todavía ayer, compañeros senadores, recurre a la vulgar práctica de poner celadas a movimientos sociales, como lo hicieron sus funcionarios al citar a dirigentes campesinos, que de buena fe quieren dialogar en torno a sus demandas, en un café, para entregarlos en un aparatoso operativo a la policía.
Con esos antecedentes, me preocupa que la reforma, que seguramente hoy será aprobada, incluyendo algunos aspectos legítimos y positivos, que tradicionalmente hemos demandado, se convierta en una pantalla, que oculta una realidad represiva y autoritaria; que no se modifica, sino que se refuerza, bajo el argumento conformista, de que: "hasta aquí se logró". Y de que: "es mejor poco que nada".
El problema no es, como ya sé que me dirán, la disyuntiva del todo o el nada, sino que el poco sirva como propaganda para pretender ocultar esa realidad represiva y autoritaria, propia de un Estado policíaco, que se va imponiendo en la realidad.
Un Estado policíaco, en vez de un Estado garantista, de derecho, con cara lavada por una reforma que nombra al primer capítulo de la Constitución, o el de los derechos humanos. Cosa que yo pelee desde hace mucho tiempo desde la Cámara de Diputados.
Lo anterior, es un proceso que se pretende culminar con la minuta que ahora se discute. Reconozco que la misma, presenta algunos avances, como la adopción parcial en nuestro orden constitucional, de los últimos avances del derecho internacional de los derechos humanos.
El reconocimiento del derecho al asilo o la abolición de la ex arbitrariedad para expulsar a personas extranjeras de nuestro país, como propusimos en su momento.
De igual modo resulta positiva la introducción de los derechos humanos, como parámetro en la conducción de la política exterior; aunque considero que la misma, debe buscar justamente la promoción de los derechos fundamentales y no debe nunca ser pretexto para mermar o incluso violentar otros principios, igualmente valiosos en la misma función: como lo es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, entre otros.
Pienso que para este caso, digámoslo como lo dicen los abogados: "la hermenéutica constitucional permitiría prevalecer el principio más adecuado en cada situación particular, donde hay un conflicto entre los mismos".
No debe servir como pretexto para subordinar la política mexicana, a los designios de potencias imperialistas, que hipócritamente afirman defender derechos humanos y realizan invasiones, masacran pueblos y no solamente violan la soberanía nacional de otros pueblos, sino que extienden y generalizan la violación a los derechos humanos.
Otro tema, igualmente relevante, es el del establecimiento de un núcleo duro e irreductible, de derechos que no pueden ser suspendidos, aún para enfrentar las situaciones de emergencia que refiere el artículo 29 constitucional.
En general, estoy de acuerdo con imponer esas restricciones. El primero de ellos, tiene sin embargo, una redacción ambigua. El derecho a la vida, se ha convertido en un lema de aquellos que se oponen al derecho a las mujeres sobre su propio cuerpo.
En el contexto del artículo 29, por supuesto, entendemos que el derecho a la vida, implica a que en ninguna situación de emergencia, se justifican las ejecuciones, los asesinatos, la desaparición forzada, todas esas prácticas inhumanas, que por cierto, vemos en estos días en lugares como Ciudad Juárez o Monterrey, para mencionar sólo dos casos, en que se ejecuta a civiles, generalmente jóvenes o pobres, acusados falsamente de pandilleros o delincuentes. Lo que de ser cierto, tampoco hubiera justificado tales crímenes.
Por eso, me preocupa dejar asentado en caso de que tal redacción no sea modificada, para ser explícita nuestra oposición a esas ejecuciones y asesinatos, el que el sentido de los legisladores actuales va en esa dirección, y no en otra que mañosamente en el futuro, se le quisiera dar.
Debe darse el derecho... al derecho a la vida ese sentido preciso, sobre todo porque en los últimos años, algunos sectores han querido contraponerlo a la despenalización del aborto, aún cuando la Suprema Corte ha resuelto que la misma es constitucional.
La no suspensión del derecho a la vida, no debe interpretarse para contravenir el criterio al respecto que fijó ya el tribunal constitucional. Lo que busca esa adición, es, proscribir las ejecuciones, aún durante una situación de emergencia. Pero nada indica que debe orientarse a la conculcación del derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria.
Sin embargo, los avances de las reformas son insuficientes, ante la gravedad de los atropellos del poder público desde hace ya varios años.
¿Cómo enfrentar esta reforma los crímenes de personas inocentes, víctimas de la presencia militar en las calles, haciendo lo que la propia Constitución les prohíbe?
¿Cómo entiende la impunidad que provoca el fuero militar? ¿Cómo entenderla?
¿Qué le responde a los miles de personas víctimas de un abuso del poder que encuentran un órgano ineficaz para lograr un respeto pleno a los derechos humanos?
¿Pero que en cambio resulta sumamente oneroso para las finanzas nacionales?
Esas preguntas me llevan a afirmar, que la reforma no toca instituciones autoritarias, como el propio fuero de guerra. El cual bajo su actual estructuración ha permitido que cualquier delito que pueda definir la legislación común, se convierta en militar por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las fuerzas armadas, permitiendo que el fuero de guerra se convierta en un privilegio y en un sistema punitivo parcial, en detrimento de la igualdad ante la ley y del principio de división de poderes, que establece que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario, según el artículo 21 constitucional.
Nuestra iniciativa proponía abiertamente eliminar ya ese anacrónico fuero de guerra.
No se entiende la iniciativa que propone derogar tanto el subsistema de excepción para la delincuencia organizada. El cual suprimió de manera injustificada las garantías procesales de las personas acusadas de delitos relacionados con aquélla, como el arraigo, que es en realidad una forma de detención preventiva, de carácter arbitrario, ocasionado por un insuficiente control jurisdiccional.
Es parte de las contradicciones que representa esta iniciativa, y que pretendíamos combatir en nuestra propuesta.
Por un lado se eleva a carácter constitucional los derechos humanos, y por el otro, se vienen aprobando reformas, como la llamada reforma judicial, que limitan tales derechos.
En fin, tampoco atiende la propuesta de introducir, en lugar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la figura del defensor del pueblo; el cual sería titular de la acción de amparo contra la violación de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Tampoco, bueno, proponer que la CNDH pueda iniciar denuncias penales ante violaciones a derechos humanos, o recomendaciones no atendidas, que de todos modos ya está incluido en su ley orgánica, es un regreso al origen del problema.
Si las instituciones defensoras de derechos humanos, se crearon por las insuficiencias del sistema de justicia. Ahora se propone que puedan recurrir a ese sistema de justicia...
(SIGUE 16ª. PARTE)
. . . origen del problema, si las instituciones defensoras de derechos humanos se crearon por la insuficiencia del sistema de justicia, ahora se propone que puedan recurrir a ese sistema de justicia para lograr que sus recomendaciones sean atendidas.
Es una prueba más del fracaso e inutilidad de la CNDH y la necesidad de un cambio radical como el que propusimos de sustituir a la misma por el defensor del pueblo.
Estas Ineficiencias son aún más preocupantes, porque al parecer esta es la única reforma que sobre derechos humanos se aprobará en esta Legislatura pretendiendo que con la misma se atienden los graves problemas y demandas que sobre el particular existen.
No puedo aceptarlo, todo el dolor y los atropellos que producen tanto el autoritarismo como la falta de control en el ejercicio del poder, me llevan a reservarme el derecho de seguir impulsando una reforma integral sobre derechos humanos.
Yo quiero saber en qué se basaron las personas que desaparecieron en el tiempo de Luis Echeverría a más de 700 personas que las desaparecieron, 500 de los cuales, 557 de los cuales nos faltan y no se ha hecho nada por enmendar ese tipo de cosas, qué se ha hecho con los desaparecidos del Presidente Fox, los 38 petroleros de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y los que van en este sexenio, y que se culpe al crimen organizado de las desapariciones producidas por el Ejército y las policías anticonstitucionales. Muchas gracias.
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