México, D. F a 26 de Febrero de 2014
A la opinión pública
A los medios de Comunicación
A las organizaciones sociales y democráticas
A los intelectuales y sector progresista de México
México vive un gran atraco, el gobierno en turno, que encabeza Enrique Peña Nieto, expresión pura de los intereses empresariales nacionales y trasnacionales ha desatado una abierta campaña de venta de los últimos bienes de la Nación, de la profundización del desmantelamiento de la propiedad social de la tierra, iniciado de por si a partir de la contrarreforma constitucional al artículo 27 realizada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las llamadas reformas estructurales emprendidas por el actual gobierno y en particular las modificaciones a los artículos 25,26 y 27 de la constitución legalizan la entrega del petróleo a las petroleras internacionales, pero sobre todo profundizan y legalizan el despojo de los recursos del subsuelo de la nación, renuncian al papel rector del estado en la planeación y conducción del desarrollo del país, quitándole el papel estratégico que dichos recursos tenían en la constitución, adecuando el marco jurídico para la reconcentración de la tierra y sus recursos, el despojo del territorio de indígenas y campesinos y la apropiación de sus recursos como el agua, los minerales, etc., utilizando para ello todo tipo de maniobras políticas y legislativas; así como la utilización de la represión a los movimientos de resistencia de los distintos sectores sociales, maestros, estudiantes, indígenas y campesinos, mediante la criminalización de la lucha y la protesta social, encarcelando a los luchadores sociales e incluso llegando al asesinato de líderes sociales y activistas de los movimientos de resistencia que se han generado en el país a partir de la imposición de las mal llamadas reformas estructurales. El porfirismo revivido y campeando ni más ni menos en el país como antes de la revolución de 1910 donde un millón de indígenas y campesinos ofrendaron su vida para construir el pacto social emanado en el constituyente de 1917 y hoy liquidado de un plumazo por los traidores que gobiernan este país.
Para el grupo en el poder el Campo no existe si no es para hacer sus negocios; a pesar de reconocer que el campo está abandonado y desmantelado, que no produce los alimentos que este país requiere para la población y que ello nos tiene en una grave dependencia alimentaria que raya en el 46 por ciento, sin tomar en cuenta que el poder adquisitivo de los salarios en nuestro país nos someten a una pobre canasta básica y que el 25% de mexicanos padecen hambre, reconociendo esto los actuales gobernantes, a un año del gobierno de EPN, se ha empeñado en continuar con las políticas económicas y sociales aplicadas en los últimos 32 años, a pesar de haber demostrado su fracaso en México y el mundo y que han significado empobrecimiento de las mayorías de este país, y en particular de las clases sociales más desprotegidas y peor aún para campesinos e indígenas, a quienes el gobierno sólo ve como un estorbo.
Al desprecio hacía las demandas de los productores agropecuarios se suma la abierta violación a los derechos de los pueblos originarios a quienes no respeta ni el derecho a definir el destino de sus territorios tal y como lo estipula el artículo 169 de la OIT. Convenio que México ha suscrito ante la ONU. Así lo demuestra el otorgamiento de concesión de grandes superficies, 56 millones de hectáreas a empresas mineras canadienses, norteamericanas, entre otras, lo cual significa la cuarta parte del territorio del país, estas tierras están hoy en posesión de indígenas y campesinos mediante la propiedad de ejidos y comunidades, la entrega de miles de hectáreas a empresas eólicas españolas; constructoras extranjeras beneficiadas en la construcción de represas, autopistas, termoeléctricas, mineras, ductos y puertos, y múltiples proyectos que solo significan, destrucción, despojo a indígenas y campesinos, muerte de los recursos naturales; lo todo ello a costa de los derechos de nuestros pueblos y cuando estos defienden lo suyo son reprimidos.
En 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y Estados Unidos, bajo la argumentación del estado mexicano que ello traería el desarrollo al país mediante las inversiones en el campo mexicano y que los campesinos, tendrían la oportunidad de estar a la altura de los campesinos de la economía más fuerte del mundo, a 20 años de la implementación de este tratado, los resultados han sido totalmente adversos para los campesinos de México y el campo se encuentra desmantelado y postrado en la miseria, nuestra dependencia alimentaria está comprometida hasta el 46%, ello sin tomar en cuenta que 27 millones de mexicanos padecen pobreza extrema y por ende hambre, el resultado de estas políticas ha sido que el 60% de nuestra población este sumida en la pobreza y de ello 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria viven en el campo, estas políticas anti campesinas y anti agrarias generaron la pérdida del precio de los productos básicos que se producen en el campo mexicano, debido a que el gobierno al firmar el tratado no priorizo una política de soberanía alimentaria, sino lo que se le ha llamado política de seguridad alimentaria, que significa que el mercado de alimentos necesarios para la población del país debe estar garantizada aunque ello no se produzca en el campo de nuestro país, no mejoró ni la calidad y los precios a los consumidores que aunque nos dijeron que esta política abatiría los altos precios de la canasta básica, y al contrario, la dependencia alimentaria en que nos encontramos compromete peligrosamente nuestra soberanía nacional, sin embargo, pedir un precio justo para el maíz y los productos del campo es un delito y exigir servicios médicos de calidad es un crimen; por ello, millones de mexicanos son condenados a migrar o a morirse de hambre.
En varios estados y regiones del país, las organizaciones locales y los pueblos vienen dando una desigual pero heroica y valiente lucha defendiendo sus derechos y demandas; muchas de estas luchas están condenadas al fracaso, pues están aisladas y dispersas, por ello la necesidad de plantearnos la articulación nacional en un frente que reivindique estas luchas que por hoy se encuentran dispersas y aisladas.
Ante esta situación; los pueblos, grupos, asociaciones, organizaciones locales, regionales, estatales, organizaciones nacionales que suscribimos las presentes reflexiones y motivaciones, hemos decidido impulsar desde abajo una iniciativa de articulación nacional autónoma, independiente de partidos y grupos políticos, que luche por mejorar las condiciones de los productores rurales y la calidad de vida de la población; hacer valer el respeto a nuestras tierras y territorios y sus recursos naturales; que luche por el respeto a los derechos humanos; entendidos estos como les derechos económicos, sociales, culturales y políticos, que exija la presentación con vida de todos los desaparecidos, que luche por la libertad de los presos políticos y por la justicia en todas sus manifestaciones; una articulación que tenga la fuerza para que los derechos humanos de los más pobres sean respetados, así como los derechos de las mujeres, los niños y de nuestra Madre Tierra.
Esta articulación responde a la necesidad de hacer realidad la unidad de las diferentes luchas que se dan de manera aislada en el país y debe tener como compromiso de todos sus integrantes la unidad en la acción política como práctica cotidiana de su actuar político en un momento crucial y difícil para nuestra Nación ante la imposición de las llamadas reformas estructurales, reformas con las que se liquida el pacto social emanado de la revolución de 1910 y expresadas en el constituyente de 1917, pues primero fue la reforma laboral, después la educativa, luego la financiera (en las cuales colaboró el PRD que se supone partido de izquierda) para cerrar el círculo con la aprobación de la reforma energética, las implicaciones de la reforma energética son devastadoras para todos los mexicanos pero en particular para los pueblos aborígenes, su población y patrimonio.
Por ello, convocamos a los actores sociales que están dando luchas de resistencia y que se comprometan a enarbolar, por un lado, los puntos básicos en defensa de la tierra y sus recursos, así como los demás ejes programáticos expuestos, y por otro lado, asuman la unidad en la acción política a ser parte de esta iniciativa y participar junto con nosotros a la realización del Encuentro Nacional Indígena y Campesino en Defensa del Territorio a celebrarse los días 7,8 y 9 de Marzo del 2014 en las comunidades de Cuamono, Cuautapanaloyan y Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan del Progreso, Puebla.
¡Es hora de sumar fuerzas para enfrentar a los enemigos de nuestros pueblos!
¡Ni una lucha más aislada!
¡Libertad a los presos políticos de la CNPA MN y todos los Presos Políticos del país!
¡Presentación con vida de los desaparecidos de ayer y hoy!
¡Castigo a los asesinos de Bety Cariño, Bernardo Vázquez, Mariano Abarca y demás luchadores sociales!
ATENTAMENTE
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN)
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI (FPFV MSXXI)
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT – Atenco)
Tetela Hacia el Futuro
Comuneros de San Gabriel Chilac, Puebla
